La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1998 que los desplazados internos —personas o grupos de personas obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual, debido a situaciones de conflicto armado; violencia generalizada; violaciones de los derechos humanos; o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano— merecen protección.
Son personas que escapan de esas circunstancias sin cruzar una frontera internacional.
Y eso es de gran preocupación global.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) considera que son “de las personas más vulnerables del mundo”.
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) presentó en 2021 una cifra récord: 60 millones de desplazados internos en todo el mundo. Este número solo incluye a 32 mil desplazados internos en Venezuela por desastres naturales. Los desplazados del país por otras causas forzadas no están registrados: nadie los registró.
Pero existen.
“La situación actual es vertiginosamente peor incluso de lo que sugiere este dato histórico (…). Los dirigentes mundiales deben hacer un esfuerzo titánico para prevenir y resolver los conflictos y poner fin a esta escalada de sufrimiento humano”, alertó Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, instituto al frente del IDMC.
Dentro de Venezuela, el conocimiento de este fenómeno es incipiente. Este especial de La Vida de Nos documentó diversas causas de desplazamiento interno en el país, a través de entrevistas a investigadores sociales y recolección de historias.
Los principales motivos de desplazamiento, entre ciudades y regiones, derivan del contexto de violencia generalizada; con sus distintas manifestaciones según el área geográfica.
Pocos lo tienen tan claro como el sacerdote Alfredo Infante.
Hace una década, escuchó de personas desplazadas desde y hacia el sector La Vega de Caracas, donde más adelante se dedicó a poner en práctica su vasta experiencia humanitaria.
No saben que son desplazados internos
El sacerdote jesuita Alfredo Infante llegó a la parroquia La Vega de Caracas en 2014, luego de años de trabajar en zonas de conflicto. Allí comenzó a documentar casos de ejecuciones extrajudiciales y a atender a desplazados internos que lo abordaban en busca de ayuda. Tejió, con ayuda de la comunidad, una red de escuelas porque él, que también fue desplazado por la violencia alguna vez, entendió que la educación era clave para que los niños soñaran con otro mundo posible.
A mediados de 2021, de manera casi excepcional, apareció ante la opinión pública el término de desplazamientos internos.
Habitantes de La Cota 905, en el oeste de Caracas, deambularon por las calles con sus pertenencias a cuestas. Estaban escapando del intenso cruce de balas entre la policía venezolana y una poderosa banda criminal de la zona. Más de 20 horas seguidas de detonaciones reportaron los medios de comunicación el primero de tres días consecutivos de enfrentamiento.
Durante el caos, una organización no gubernamental respondió al llamado de auxilio de jóvenes que allí residían, y abrió sus puertas para ponerlos a salvo.
La violencia armada también ha desplazado de sus viviendas a comerciantes, maestros, agricultores, policías, en muchas otras zonas del país. La Cañada de Urdaneta del estado Zulia, 4to cuarto municipio más violento en 2021 según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), es un ejemplo:
Perder la casa y el negocio pero ganar la vida
El protagonista de esta historia nació y vivió durante casi 50 años en La Cañada de Urdaneta, en la costa oeste del Lago de Maracaibo. Durante buena parte de su vida sintió que ese era el mejor municipio del mundo. Pero tuvo que irse de ahí a un lugar que prefiere que nadie sepa cuál es.
Algunos activistas sociales han buscado promover la paz y resiliencia local en esos contextos, con proyectos de fortalecimiento comunitario. Como el Proyecto Pueblo, que desde el 2020 se empeña por recuperar la actividad agrícola de Magdaleno (6to municipio más violento en 2021 según el OVV), ubicado en el estado Aragua.
La crisis humanitaria venezolana sumó —al riesgo nacional de inseguridad ciudadana— una nueva razón para el desarraigo: el hambre. Errantes, van algunos de un estado a otro para satisfacer su necesidad biológica más básica.
En eso consiste la búsqueda de Alexander Ramírez en Guasdualito, en el estado Apure; atraído por las oportunidades comerciales de esa zona fronteriza con Colombia. Llegó en 2019 con su esposa y su bebé, procedentes de San Juan de los Morros, estado Guárico, donde padecían la escasez y alto costo de los alimentos.
Desde el delta del Orinoco, en el extremo este del país, escapan tanto del hambre como de las inundaciones los indígenas de la etnia Warao. Algunos van a los estados Monagas y Anzoátegui, como lo hizo Magnolia Pérez. Embarazada, navegó con su esposo y tres hijas desde los caños del Parque Nacional Mariusa, del estado Delta Amacuro, hacia el malecón de Barrancas del Orinoco, en Monagas. Continuaron por vía terrestre su viaje, hasta un asentamiento warao en el área rural de Barcelona, Anzoátegui, donde habitan otras 21 familias desplazadas, en condiciones precarias.
A los dos meses los alcanzó la desgracia: una de las hijas falleció por desnutrición grave, con tan solo tres años de edad.
Como si cargaran la tragedia a cuestas
Luego de unas torrenciales lluvias, en septiembre de 2021 se desbordó el Río Neverí, que atraviesa el norte del estado Anzoátegui y desemboca en el Mar Caribe. Cientos de familias quedaron damnificadas. Cuando escampó, el fotógrafo Samir Aponte se acercó a una zona rural de Barcelona y se encontró con una comunidad de waraos. Desde entonces, comenzó a visitarla con el genuino interés de entender su realidad.
No solo ocurre en zonas rurales. Las principales urbes no están exentas de desplazamientos.
Los estados occidentales, especialmente perjudicados por las deficiencias del sistema eléctrico nacional, han sido un punto de partida forzada de ciudadanos urgidos por servicios más estables. Caracas, la capital de la República, menos afectada en los planes oficiales de racionamiento eléctrico, se ha convertido en un destino natural para migrantes internos desesperados por el deterioro de los servicios públicos.
Es por eso que desde 2017 María Elena vive allí.
La decisión se le hizo inevitable cuando su salud quedó comprometida por las crecientes fallas en los servicios de luz y agua. Se sintió obligada a despedirse de su hogar en Maracaibo, estado Zulia, para sobrellevar mejor su enfermedad desde un apartamento en Caracas, en donde su excuñada le ofreció cobijo.
Escuchar una gaita le remueve todos los recuerdos
María Elena nació en Maracaibo, estado Zulia, en el extremo occidental de Venezuela. Allí hizo su vida. Nunca se imaginó viviendo fuera de su ciudad. Pero en 2016, debido a las constantes fallas de los servicios básicos, comenzó a considerar mudarse a Caracas, como tanto le insistía su excuñada, porque una condición de salud le hacía más difícil la cotidianidad allí.
El drama de los desplazados internos es una reconocida crisis social en Colombia. Y frente a eso, el fenómeno en Venezuela adquiere rasgos cada vez más icónicos: la presencia de la guerrilla colombiana en territorio nacional y su enfrentamiento con cuerpos militares provocó en enero de 2022 la fuga de 5 mil venezolanos en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, hacia otras partes de la misma entidad y mayormente hacia Puerto Carreño, poblado colombiano al otro lado del río fronterizo Meta. Fue allí donde el activista de derechos humanos José Antonio Mejías recogió testimonios de campesinos e indígenas de la etnia Jivi que huyeron por temor a los guerrilleros que dominan la zona, y también a los funcionarios que los acusan de cómplices.
Salieron de sus casas con lo que llevaban puesto
Según informó Colombia a las Naciones Unidas, el conflicto entre militares de Venezuela y disidentes de las Farc ha producido unos 5 mil desplazados venezolanos hacia el vecino país. Algunos de ellos eran indígenas y campesinos. José Antonio Mejías, activista de Fundaredes, viajó desde el estado Amazonas a conversar con muchos de ellos. En esta historia cuenta lo que vivió.
El destierro del hogar en Venezuela aún no se distingue oficialmente como problema público. Y mientras tanto, víctimas en todo el país desconocen su condición y derechos de protección como desplazados internos.
Otras 10 historias también dan cuenta de esta realidad: son parte de este mismo conglomerado itinerante que busca un lugar en el mundo. O, mejor dicho, un lugar en su propia tierra.