Forzados a la errancia

Sin salir de las fronteras de su país, dejan su mundo conocido atrás. De pronto, abruptamente, abandonan sus casas, con lo poco que pueden cargar a cuestas, para tratar de ponerse a salvo. Porque el entorno se les ha revelado hostil y sienten que es mejor irse en busca de un refugio, así sea en la misma nación. Buscan donde echar raíces en un suelo más seguro: se les conoce como desplazados internos. 

Suele ser difícil seguirles la pista y comprender a profundidad sus motivaciones, el contexto que los obligó a marcharse de sus espacios. El Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), el órgano internacional más importante en el monitoreo del desplazamiento interno, lo dijo de este modo en su informe anual de 2020: “Todavía es difícil entender claramente qué es lo que impulsa a la gente a huir dentro y fuera de sus fronteras o hasta qué punto esos desplazamientos son voluntarios o forzados”. 

Los desplazados internos son reconocidos desde 1998 por las Naciones Unidas (ONU) como víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos (así está establecido en el instrumento titulado Principios Rectores de los desplazamientos internos). Pero no fue sino hasta septiembre de 2010 cuando la ONU nombró su primer Relator Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, como una prioridad temática dentro del Consejo de Derechos Humanos, renovada de ese modo en 2022.

“Se desconoce cuántos de los que cruzan la frontera han sido desplazados internos previamente, y tampoco se sabe cuántos desplazados internos hay actualmente dentro de Venezuela”, señaló también el informe del IDMC, al referirse al mayor éxodo de la historia reciente de América Latina, que en 2022 supera los 7 millones de migrantes externos venezolanos.

Esta investigación de La Vida de Nos arroja luces sobre este fenómeno del que hay tan poco registro. Un compendio de 18 historias de desplazados internos permitió determinar que la ausencia de datos contribuye a la vulneración de los derechos humanos de quienes se ven obligados a huir desde sus hogares hacia otras zonas del país por situaciones de violencia,  precariedad de servicios públicos, crisis alimentaria e inundaciones. A través de este ecosistema de vidas, corroboramos que las víctimas carecen de información sobre sus derechos y oportunidades de protección. 

Los reportes públicos de la Defensoría del Pueblo omiten información sobre desplazados internos venezolanos; únicamente hacen alusión a desplazados de Colombia debido a los conflictos de la guerrilla en ese país.

De las 18 historias documentadas en esta investigación, solo 1 recibió apoyo del Estado con donaciones realizadas por la Oficina Nacional para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia (Onaivv) —adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz— hacia un refugio improvisado de la ONG Otro Enfoque, en medio del conflicto armado en La Cota 905 de Caracas, a mediados de 2021.

Las fuentes de apoyo en las demás historias —en aquellas donde las personas contaron con algún respaldo o acto de solidaridad— son de índole religiosa: el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Cáritas Venezuela. 

El primero, incluso, reconoce a los desplazados internos como ciudadanos olvidados en sus propios países. “El JRS cree que las personas desplazadas tienen derecho a la ayuda de emergencia y a la protección permanente mientras dure su desplazamiento, así como la oportunidad y el apoyo para reconstruir sus vidas”, dice su página web.

Caminantes en su propia tierra

La Organización Internacional para las Migraciones considera como migrantes internos a las personas que se movilizan dentro de su propio país de manera voluntaria. Y clasifica como “desplazados internos” a aquellos que también lo hacen pero, en sus casos, por razones forzadas “como resultado de o para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o provocados por el humano”. Las personas desplazadas internamente pertenecen a la categoría de migrantes internos, aunque no todo migrante interno sea un desplazado.

Y sobre los desplazamientos internos en Venezuela, hay exploraciones de la sociedad civil que ofrecen algunos indicios.

El sacerdote Manuel Zapata, sociólogo y director de la Fundación Centro Gumilla, ha estudiado focos de desplazamiento interno por violencia criminal y estatal, en los estados Aragua, Apure, Táchira, Bolívar, Miranda, Zulia y el Distrito Capital. “Al menos desde el 2019 podemos identificar dos formas de desplazamiento interno por violencia: a cuentagotas y masivos. La mayoría de las víctimas en esos casos son trabajadores del sector público: maestros, enfermeros, policías; personas que son amenazadas por tratar de defender a otras víctimas”, explica. 

El libro Dicen que están matando gente en Venezuela. Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana documenta que la violencia estatal y la delincuencia son las principales causas de desplazamiento desde la región central del país hacia Caracas, y desde las comunidades indígenas de la Península de La Guajira en Zulia hacia la capital del estado, Maracaibo.

La dimensión cuantitativa del fenómeno es bastante difusa. El informe de 2021 del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno carece de datos de Venezuela sobre el número de desplazados internos por conflicto o violencia. Sobre el país, solo se registra que al cierre del año había 32 mil desplazados internos por desastres naturales.

Algunas encuestas, por su parte, han recogido estimaciones sobre migraciones y desplazamientos internos. Entre 2019 y 2020, el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) de Venezuela determinó que 1 de cada 3 venezolanos ha sentido la necesidad de cambiar su lugar de residencia por temor a ser victimizado en el barrio, urbanización o ciudad en la que habita. Y un sondeo de finales de 2019 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos arrojó que 23 por ciento de los habitantes de 7 ciudades venezolanas migraría hacia otros países u otras ciudades debido a las constantes fallas de los servicios públicos. De ellos, 16 por ciento está dispuesto a desplazarse internamente dentro de Venezuela.

Un informe de octubre de 2022 del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno estableció que 49 por ciento de sus encuestados manifestó saber de personas que han migrado desde su hogar hacia otros estados dentro del país, en busca de mejores condiciones de vida. Y que las fallas de servicios públicos y la inseguridad son los principales motivos para movilizarse principalmente en Zulia (30,8 por ciento), Bolívar (30,8 por ciento), Aragua (15,4 por ciento), y Sucre (23,1 por ciento); hacia destinos como Caracas (35,9 por ciento), Maracaibo (28,1 por ciento) Carabobo (14,1 por ciento), Anzoátegui (10,9 por ciento) y la zona minera de Bolívar (10,9 por ciento).

La página web del Consejo Noruego para Refugiados reporta que sus oficinas en Venezuela atienden a personas en situación de vulnerabilidad desplazadas entre varias áreas geográficas del país, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad y necesidades sociales. La Vida de Nos solicitó información sobre sus atenciones a personas con estas condiciones, pero la organización ha evitado declarar ante los medios. 

En el terreno de los derechos humanos

Una fuga silenciosa es la imagen que usa el sacerdote jesuita Alfredo Infante para describir el desplazamiento interno en Venezuela. El antiguo miembro del Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela utiliza esa metáfora al afirmar: “El venezolano, cuando se desplaza por la violencia de bandas delictivas y por la violencia del propio Estado, prefiere guardar un bajo perfil para protegerse a sí mismo y a sus familiares”.

Edwin Gil, abogado con experiencia en exigibilidad de derechos en varias ONG venezolanas, llama al problema por su nombre en un artículo de opinión de 2017, durante su trabajo con víctimas atendidas por la organización Provea. 

“Yo era el encargado de tomar y recopilar las denuncias, y recibimos una de desplazamiento interno. Y como parte de los mecanismos correspondientes para darle atención a estas víctimas, decidimos redactar y difundir un artículo con la intención de que pudieran leer sobre su caso, ver que no es algo aislado y, más allá del punto de vista jurídico, dar a conocer esta situación; decir que existe un nombre, que existen opiniones consultivas, e inclusive una opinión jurídica internacional sobre el desplazamiento interno”.

Gil y su equipo disertaron en ese entonces sobre otra particularidad: sobre si lo que vivían los denunciantes era un tema de derechos humanos o no. “Si nos ponemos a pensar, la violación de derechos humanos es cuando interviene el Estado mediante acción u omisión. En este caso, nos narraban que se estaban mudando de una región a otra como producto de la violencia en las calles; del control social que ejercen las bandas en las comunidades. Y concluimos que sí estábamos hablando de un tema de derechos humanos porque el Estado no tiene las políticas públicas correctas para enfrentar esa situación”. 

Otro objetivo del artículo, de este modo, también había sido enmarcar el tema en el área de los derechos humanos y de las responsabilidades del Gobierno con las víctimas de desplazamiento. “Mientras las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo, el Estado, no vean el desplazamiento interno como un tema de derechos humanos; esto no se va a abordar nunca. Hay que hablarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, y obviamente el Estado no lo va a querer hablar porque no se siente responsable de ello”. 

Desde la publicación de su artículo hasta el cierre de este reportaje, las causas de desplazamiento interno han ido más allá de la violencia: movimientos hacia otras regiones por escasez de gasolina, de alimentos, fallas de servicios de agua y de electricidad, entre otros problemas de la crisis económica y social del país. 

Ninguno se reconoce como desplazado interno. Nadie lo contabiliza como tal.

Para no dejarNOS atrás

La página web del Servicio Jesuita a Refugiados asegura que “el grupo más grande de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, los desplazados internos, han caído en el olvido, desatendidos por sus propios gobiernos e ignorados por los donantes”. 

Sus atenciones enfocadas en desplazados internos figuran en 14 países, de los cuales 3 pertenecen a Latinoamérica: 1) Colombia, el tercer país del mundo con más desplazados internos contabilizados y con una agenda histórica en políticas de atención; 2) México, donde la Universidad Nacional Autónoma tiene un Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación; y 3) Venezuela, donde, a diferencia de los anteriores, los desplazados internos todavía no son considerados en la agenda pública y oficial como un fenómeno a priorizar.

María Teresa del Riego, periodista e investigadora mexicana especializada en desplazamiento forzado interno, señala que uno de los avances en su país ha sido la incorporación del tema del desplazamiento forzado interno en el Plan Nacional de Derechos Humanos. También está en proceso la aprobación de una ley nacional en materia de desplazamiento forzado interno. 

“Hay ahorita muchos esfuerzos en marcha para tratar de abordar y de atender este tema que es un fenómeno grave, y una parte fundamental de la gravedad consiste, precisamente, en su desconocimiento”.

Del Riego defiende la importancia de distinguir como víctimas especiales a los desplazados internos, por posiblemente constituir poblaciones en términos de números más importantes de lo que suponemos y debido a que tienen características específicas por su condición de desplazados. 

“Porque el desplazamiento coloca a las personas en una situación determinada que afecta todos los ámbitos de su vida: personal, económico, político, social; pérdida de derechos, de identidad, de documentos; cuestiones educativas, de salud; toda la dinámica familiar se afecta; y si son poblaciones indígenas, es un quiebre absoluto de su cosmovisión y de su modo de vida. Ellos quedan en una condición que debe ser atendida desde muy distintos frentes”.

La investigadora afirma que el desplazado requiere una atención especializada como población de gran riesgo y vulnerabilidad, sobre la cual el Estado tiene la principal responsabilidad; debe haber organismos y programas específicos de atención que sean capaces de atender toda esa gama de afectaciones. 

“Por eso también a los Estados les cuesta trabajo reconocer a la población desplazada, porque ellos son los directamente responsables. Y muchas veces también son fuerzas estatales las que provocan o permiten el desplazamiento. Entonces hay un conflicto de interés importante por parte de los Estados”, dice.

Marino Alvarado, activista venezolano de derechos humanos, reconoce que en Venezuela el tema está invisibilizado con respecto a la región. “En otros países, como Colombia, incluso hay indemnizaciones que el Estado debe pagar por no haber garantizado el derecho de seguridad a las personas desplazadas”.

No dejar a nadie atrás, con énfasis en las personas desplazadas, es una de las responsabilidades básicas planteadas por António Guterres, secretario general de la ONU, en el marco de la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016. En junio de 2022, expresó: “Permítanme decirlo claramente: el deber de acabar con los desplazamientos recae, en primer lugar, en los gobiernos. Sin embargo, todos tenemos la responsabilidad de actuar”

“Juntos podemos mitigar el sufrimiento humano y ofrecer un futuro mejor a los desplazados internos de todo el mundo”, propuso el secretario general.